Para el año 2004 con la expedición de la Ley 609, se pretendió la creación de un nuevo sistema judicial más garantista, eficaz y oportuno, propio de un Estado Social de Derecho; en el que se daría un equilibrio en relación con las investigaciones adelantadas y las condenas generadas; con mayor capacidad para luchar efectivamente contra la impunidad, la criminalidad y desarticular el crimen organizado; el que garantizaría el respeto por la dignidad humana, con aplicación de la justicia restaurativa y brindaría una mejor atención a las víctimas; y finalmente, descongestionaría los despachos judiciales.
Este modelo, el Sistema Penal Oral Acusatorio; se diseñó y propuso como antagónico al tradicional inquisitivo; caracterizado por la lentitud e ineficacia de sus trámites, los que se prolongaban en el tiempo, vulnerando con ello los derechos y garantías constitucionales de miles de procesados en el país. Se le presentó pues a la sociedad colombiana, la solución a una justicia anquilosada, cada vez más inoperante y que ante la alta criminalidad poco o nada podía hacer.
Para la puesta en marcha del sistema, el gobierno asignó un rubro presupuestal bastante alto; destinado a la capacitación e incremento del talento humano que atendería la nueva forma de impartir justicia, y para la adquisición e implementación de recursos técnicos y tecnológicos. Tal esfuerzo económico fue importante y se podría decir histórico, pero lastimosamente insuficiente; ya que lo asignado para adelantar el proceso investigativo, piedra angular de este modelo, fue muy poco; impidiendo que organismos de investigación como la policía judicial y el CTI, fueran fortalecidos como lo exige el mismo para cumplir con sus fines.
Aun así, este esquema fue emergiendo poco a poco con altibajos y falencias propias de las falta de recursos económicos, generando la transformación total de la justicia colombiana. Tanto los operadores jurídicos, como los abogados litigantes y la comunidad en general, se vieron avocados a adoptar un nuevo paradigma jurídico, a fin de atender los nuevos retos que se proponían: oralidad, publicidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y especialmente, la restauración del tejido social.
Una vez puesto en marcha el Sistema Acusatorio y su implementación paulatina en todo el país, se publicaron una serie de cifras que evidenciaban el cumplimiento de los resultados del mismo. Sin embargo, la lectura de la realidad social del país, evidenciaba otra cosa; pues la impunidad continúo su crecimiento y con ésta, la criminalidad y el crimen organizado.
Si bien las estadísticas del sistema han crecido significativamente, en cuanto al número de delitos judicializados y la reducción de los tiempos procesales; la verdad es que éstas no revelan una transformación importante que permita decir sin lugar a dudas que en el país se dio una restauración del tejido social, a partir de la nueva política criminal adoptada desde el año 2004, que satisfaga a los colombianos.
Diez años después de la expedición de la norma que le dio piso jurídico al Sistema Penal Oral Acusatorio, queda un sinsabor en el país y muchos interrogantes sobre sus resultados cualitativos; que han obligado entre otras cosas, a plantear una nueva reforma a la Justicia, la que ya fracasó una vez en el Congreso de la República, y que se ha convertido en un clamor tanto para los ciudadanos como para los operadores.
La realidad social del país es otra, pues los fines que justificaron el cambio de modelo, son aun latentes en la sociedad colombiana: criminalidad, crimen organizado, impunidad, vulneración de derechos, victimas sin verdad, sin justicia y sin reparación; congestión en los despachos judiciales, y un tejido social cada vez más debilitado.
Es una verdad conocida por todos los que de una u otra forma hemos participado en el sistema, que éste se ha dedicado a juzgar en un número bastante alto, delitos de pequeña envergadura como el consumo de sustancias alucinógenas, porte de arma, hurtos, entre otros; pues la capacidad instalada del ente investigador, no le permite hacer grandes investigaciones dirigidas a obtener resultados importantes relacionados con delitos de gran relevancia como los de lesa humanidad (secuestro, desaparición forzada y desplazamiento), o a la desmantelación de grandes empresas criminales, o a combatir el macro y el micro tráfico de estupefacientes, de armas y la trata de personas, entre otros.
Los resultados cualitativos del Sistema Penal Oral Acusatorio, en nada resuelven de fondo la problemática social del país; convirtiéndolo en un medio de control ineficaz, para una sociedad como la nuestra en la que convergen un sin número de actores, que exigen de esquemas jurídicos idóneos a fin de lograr un equilibrio que permita una convivencia pacífica y con ésta, el tan anhelado sueño de los colombianos: la paz.
Escritor: MARCELA MARÍA PALACIO GARCÍA)