Actualmente México grita: no sólo es una mujer, no sólo es un asesino, no sólo es un estado, no sólo es una familia, no sólo es el Estado, no sólo es un país…
La situación es emergente y preocupante en México por el número de feminicidos, según cifras del informe del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y de la Organización de las Naciones Unidas, cada día asesinan a 6.4 mujeres, de las cuales 95% de los casos quedan impunes. El hecho es profundamente naturalizado por el Estado y la sociedad, nos sentimos tan alejados sin saber que estamos tan cercanos.
Es inaudito que se digan “superados” los problemas de feminicido y aún más que se impida pedir justicia por ello. El Estado es responsable de la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos, por tal motivo es patética la reacción del gobierno del Distrito Federal, encabezada por Miguel Ángel Mancera, ejercida por el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, y permitida por el Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
El día martes 22 de septiembre se realizó una marcha nombrada “¡Ni una más!” y se inició una huelga de hambre sobre avenida Reforma y Calzada Chivatito, organizada por madres representantes de otras más de Ciudad Juárez y el Estado de México, como Malú García Andrade de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Bertha Alicia García, Silvia Banda Pedroza, Angélica Martínez Santos y apoyadas por otras organizaciones civiles como Rosas Rojas y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Realizaron una manifestación pequeña y pacífica, para exigir al gobierno federal justicia y acción debido a esta situación de violencia contra la mujer, ejemplificada en desapariciones forzadas y feminicidios. En palabras de la activista Malú García, aseguró que sólo en Chihuahua “hay más de dos mil mujeres asesinadas y más de 500 niñas desaparecidas”, sin contar la cifras del Estado de México que “ascienden a 5000 mujeres”.
México no sólo se caracteriza por su artículo sexto referente a la libertad de expresión, sino a la represión del mismo. Eficiente acción del Estado para proteger vías de tránsito, pero ineficientes para proteger a las personas que viven en México.
La marcha fue sorprendida por granaderos y granaderas quienes encapsularon a las y los activistas que gritaban las demandas y exigían el cumplimiento de acuerdos concretados hace un año, tales como como la contratación de forenses extranjeros para identificar los restos de 80 mujeres que se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense; la publicación en el Diario Oficial de la Federación de recompensas ofrecidas por la Procuraduría General de la República hasta por un millón y medio de pesos, por información que conduzca al paradero de mujeres desaparecidas; trabajar en la tipificación del delito de desaparición; la conformación de un banco de datos de personas desaparecidas y otro de ADN, como lo ordenó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Campo Algodonero; y medidas de seguridad necesarias de las activistas y sus familiares, que son la voz de la denuncia que acontece en los estados.
Debido a la inacción del gobierno federal las madres y activistas decidieron hacer una huelga de hambre hasta que las autoridades federales escuchen sus demandas y firmen acuerdos que cumplan. Exigen el compromiso real al ejercer acciones principalmente y en pro de los derechos de las mujeres en los estados que conforman la República mexicana, empezando por los estados que presentan mayores índices de inseguridad y femincidios como Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Michoacán, enunciados por el OCNF.
Mi pregunta es ¿Cuándo las autoridades federales, las fuerzas armadas, servidores públicos, la población, empezaran a responsabilizarse y a actuar para defenderse, para defender los derechos humanos, para defender la vida?
Autor: Itzel Avendaño Arenas