En Chile, al igual que en el resto de América Latina, todo lo que refiera a educación es un tema sensible por su importancia estratégica dentro de los factores que determinan el mayor o menor grado de desarrollo social. Es un indicador gravitante en las nuevas políticas de los organismos económicos internacionales (OCDE, BID, FMI) que pretenden revitalizar las actuales prácticas neoliberales, esta vez bajo las exigencias de nuevas formas de división del trabajo en lo que algunas corrientes sociológico-economicistas denominan “sociedad de la información”. Desde este marco paradigmático se han venido desarrollando una serie de reformas político-educativas tendientes a fortalecer el crecimiento del área servicios y el sector técnico-productivo, devaluándose con ello especialidades del área Humanista, dentro de las cuales encontramos la pedagogía y la consiguiente Profesión Docente.
Referenciando el problema sobre La valoración social de la profesión docente, podemos mencionar cómo hacia el año 2010 el programa Elige Educar , junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revela un informe estadístico (Adimark GfK/Elige Educar, 2010) que analiza particularmente este caso. Dicho informe nos muestra que el 66% de los estudiantes de los dos últimos años de Educación Media (secundaria), próximo a tomar decisiones vocacionales para la continuación de sus estudios en el nivel superior (universitario), sitúa la pedagogía como una de las tres carreras peor valoradas. De manera adicional, nos indica que sólo el 22% de los estudiantes encuestados “está de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que en Chile es un orgullo ser profesor. Por otra parte Beatrice Ávalos y Alejandro Sevilla, nos indican que al menos el 55% del mismo profesorado considera su carrera profesional como una actividad de valoración social media o media-baja (Ávalos & Sevilla, 2010).
Los datos presentados, de alguna manera legitiman la sentencia inicial que da pie a este artículo, permitiendo constatar, con una relativa certeza, la baja valoración de la profesión docente entre sus agentes directos: Estudiantes y Maestros. Por supuesto que esta es una definición referencial y no podemos cerrar nuestra mirada a una única delimitación conceptual.
Haciendo un recorrido histórico que pretenda resolver algunas de estas interrogantes, hemos de recordar que –al menos- desde la década del 30, bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, la pedagogía fue considerada como uno de los pilares estructuradores de la práctica gubernamental, de allí su premisa: “Gobernar es educar”. Esta política fue heredada hasta el gobierno socialista de la Unidad Popular, donde se estuvo debatiendo en ambas cámaras legislativas la implementación definitiva de la ENU (Escuela Nacional Unificada); reforma educativa donde la actividad docente se reconocía como inherentemente transformadora, para ese caso, transformación de carácter socialista.
Puede ser por este pasado político de la valoración social de la profesión, que desde el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 el estatus social docente ha sido sistemáticamente “vaciado”, para ser legalmente vejado a partir de la constitución de 1980, erigida por la dictadura como el principio legal de la “reconstrucción de Chile”; reconstrucción que afianza el modelo de privatización incluido el sistema educativo nacional. Es así que hemos de afirmar que a partir de la concreción de las políticas económicas neoliberales introducidas por los civiles promotores y partícipes de la dictadura de Pinochet, formados bajo el alero de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, el profesorado chileno fue sumido en un proceso de proletarización de su condición profesional . Y es que la privatización de la educación en Chile, sellada el 10 de Marzo de 1990 con la L.O.C.E. (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) no sólo pauperizó las condiciones laborales de los docentes, sino que transformó gravemente las concepciones educativas y prácticas profesionales del profesorado.
La ligazón a la estructura contractual privada ha internalizado prácticas rutinarias y subordinadas en el quehacer docente, reduciendo el potencial profesional crítico y constructivo a una cotidianización de funciones técnico-administrativas y reproductoras de baterías ideológicas que mantienen las actuales relaciones capital-trabajo; en suma, que mantiene el “orden” establecido por quienes detentan el poder del capital. Aparece aquí la denominada violencia simbólica –para este caso- como esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (BOURDIEU, 1999). Al parecer, ha sido esta subordinación uno de los elementos importantes que han contribuido a denostar el carácter profesional de la pedagogía y su consiguiente desvaloración social.
BIBLIOGRAFÍA
Adimark GfK/Elige Educar. (2010). Índice Elige Educar: evaluación de carrera docente, Septiembre 2010. Santiago: Adimark.
Ávalos, B., & Sevilla, A. (2010). La construcción de la identidad profesional en los primeros años de docencia: evidencia desde la investigación. Iniciativa Científica Milenio , 17.
BOURDIEU, P. (1999). Meditaciones Pascalianas. Barcelona: ANAGRAMA.
DÍAZ BARRIGA, A., & INCLÁN ESPINOSA, C. (2001). El docente en las reformas educativas: Sujeto o ejecutor de proyectos ajenos. Revista Iberoamericana de Educación , 17-41.
SOTO GUZMAN, V. (s.f.). LA EDUCACIÓN:EL PASO DEL ESTADO GARANTE AL ESTADO PRIVATIZADOR DURANTE EL REGIMEN AUTORITARIO. Recuperado el 03 de Septiembre de 2013, de OPECH: http://www.opech.cl/bibliografico/calidad_equidad/articulo_loce.
Escritor: Alexis Díaz Moya